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Inicia demolición del penal del Topo Chico

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MONTERREY.- Este mediodía iniciaron los trabajos para demoler el ex penal del Topo Chico,  la prisión más peligrosa de Nuevo León ingresó la mquinaria pesada a destruir el área de  las celdas que habitaban los reos de alta peligrosidad.

La cárcel de  Topo Chico fue clausurado para dar pase a un parque que será pulmón del aera metropolitana.
Luego de operar por 76 años al ser fundado en 1943 por el entonces Gobernador del Estado, el General Bonifacio Salinas Leal, e iniciar con 600 internos, el Penal de Topo Chico fue cerrado  por inoperable e inseguro, el pasado septiembre por la Administración del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
Tras el cierre, iniciaron las visitas guiadas al antiguo Penal del Topo Chico, que concluyeron en diciembre, para este mes de  enero comenzar  los trabajos físicos del Parque Libertad en el predio que ocupaba el centro penitenciario en el que se invertirán 650 millones de pesos.
LOS PENALES DE NUEVO LEON
Nuevo León tiene actualmente cuatro Centros Penitenciarios, el Centro de Reinserción Social Apodaca, Cadereyta y Femenil y Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores.
Todos son carceles estatales, donde las autoridades descartan autogobierno.
Según los reportes oficiales, no se cuenta con un mapa delincuencial y solo  se aplican los procesos de clasificación de la población penitenciaria de conformidad a su grado de peligrosidad.
Del 2016 a la fecha, se tiene un registro de 5 riñas o motines al interior de la cárcel del Topo Chico, con un saldo de 55 muertos.
49 de las personas privadas de la libertad en el Topo Chico, murieron en un motín en el año 2016 y 34 resultaron heridos en una disputa de bandas por el control del penal.
En marzo del año pasado el traslado de una cuerda de reos provocó distirbuios y protestas con un saldo de un muerto, 17 reos  y 12 policias heridos.
Entre los reos famosos del Penal del Topo Chico, fue Alfredo Ballí Treviño, a quien se le condenó por sedar y descuartizar a una joven en el año de 1959.
En este caso se inspiró el periodista estadounidense, Thomas Harris, para crear el personaje de Hannibal Lecter que en 1991 fue llevado a la pantalla bajo el nombre “El Silencio de los Inocentes”.
Otro  reo famoso fue  el asesino Salvador Reyes Quezada quien en 1959 se ganó el mote de “El Capitán Fantasma” por sus constantes fugas de dicho penal.
También  Édgar Contreras Martínez quien mató a las hermanas Laura y Elda Millet al salir de una discoteca de San Pedro  en el año de 1977.
El penal también hospedó al banquero Jorge Lankenau Rocha  acusado de fraude con off shore a cuentahabientes del Grupo Financiero Abaco.
Otro fue el ex rector de la UANL, Manuel Silos Martínez, señalado por desvío de recursos en la máxima casa de estudios.
En el año 2000, el extesorero estatal, Xavier Doria, estuvo en dicho penal tras ser sentenciado a 3 años de prisión también por desvío de recursos.
En el año 2004, el ex director de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, fue internado al ser acusado por la desaparición de Jesús Piedra Ibarra en la época de la llamada Guerra Sucia.
Recientemente, en ese penal estuvo el ex jugador de Rayados, Javier Arellano, acusado de presunto abuso a una sobrina.
También, aunque fue solo por unas horas, el penal del Topo Chico hospedó al exgobernador Rodrigo Medina.
SOBREPOBLACION
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, informó en diciembre, que los centros penitenciarios del estado -incluyendo Topo Chico- tenían una capacidad instalada para 8 mil 527 personas internas, sin embargo la popblacoón privada de la libertad (PPL) era de 6 mil 634 personas, lo que representó un 77.79 % de la capacidad.
Del total de la capacidad instalada, el 50.03 % correspondía al CEPRERESO Topo Chico, el 17.84% al CERESO Apodaca, el 22.61 % al CERESO Cadereyta, el 5.86 % al CERESO Femenil y el 1.64 % al Centro para adolescentes infractores.
El  CEPRERESO  Topo  Chico  se  encontraba  al  62.02%  de  su  capaci-dad, toda su población estaba conformada por hombres adultos. Del total de la población, el 52.87% contaba con sentencia ejecutoriada, el 12.64% con sentencia, y el 34.48% no tenía definida su situación legal, por encontrarse en proceso.

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