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YAC busca deslindarse: responsabiliza a exsecretario de Administración y proveedores por contratos millonarios
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La defensa de la exsecretaria de Bienestar Social, YAC, aseguró que la responsabilidad en la celebración de contratos por la adquisición de despensas, por 985 millones de pesos, recae en el entonces secretario de Administración y en las empresas participantes.
Por lo que solicitó que se investigue a dichos actores y se excluya a su representada del delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.
En la reciente audiencia, los abogados argumentaron que la imputada no tuvo participación directa en la adjudicación de los contratos, ya que ese proceso correspondía al Comité de Compras, órgano facultado para autorizar este tipo de adquisiciones, y finalmente a la Secretaría de Administración, instancia que formalizó los cuatro contratos con las empresas JD Abarrotes y Perecederos, así como Aldekom SA de CV.
La defensa también acusó al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de presentar información sesgada con el objetivo de responsabilizar únicamente a la exfuncionaria, dejando de lado a quienes firmaron los contratos y a los empresarios relacionados con los cuatro convenios.
Bajo este planteamiento, insistieron en que la entonces titular de Bienestar no otorgó adjudicación alguna, sino que se limitó a funciones administrativas dentro del proceso, por lo que solicitaron que se le excluya del delito y se amplíen las investigaciones hacia los presuntos responsables directos.
En respuesta, el Ministerio Público señaló que la investigación en contra de la exsecretaria no impide que se indague a otros exservidores públicos que participaron en los procedimientos de adjudicación directa, al tratarse de expedientes distintos que, en su momento, podrían integrarse en un mismo juicio si así se determina.
Asimismo, el fiscal aseguró contar con datos suficientes para acreditar que fue la propia YAC quien solicitó la adquisición de despensas en dos etapas.
Una primera por dos millones 400 mil paquetes con un monto de 600 millones de pesos, y una segunda por un millón 440 mil despensas por 385 millones de pesos.
Pese a ello, la defensa intentó justificar las adjudicaciones directas al argumentar que los contratos se realizaron bajo el amparo de decretos emitidos durante la pandemia por COVID-19, tanto por el gobierno federal como por el estatal, los cuales permitían flexibilizar los procesos de contratación ante la emergencia sanitaria.
No obstante, la jueza de control, Gloria Paloma Gómez de la Cruz, determinó que la defensa no logró acreditar que dichos decretos hubieran sido utilizados como fundamento en los dictámenes de requisición, al no estar mencionados en la documentación oficial del Comité de Compras.
La juzgadora precisó que, pese a las excepciones permitidas durante la pandemia, los procedimientos debieron apegarse a los lineamientos del Presupuesto de Egresos de 2021 y 2022, los cuales establecían límites específicos para las adjudicaciones, mismos que fueron superados.
Con base en estos elementos, la jueza resolvió vincular a proceso a la exsecretaria por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, al considerar que existen indicios suficientes de su participación en la celebración de contratos por un monto cercano a los 985 millones de pesos.
Además, fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía deberá fortalecer las indagatorias y determinar el posible daño patrimonial.
La exfuncionaria enfrentará el proceso en libertad, debido a que cuenta con un amparo vigente que impide su detención dentro de esta causa penal.
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