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Recrudece guerra contra los “chocolates” de la UCD
Daisy Verónica Herrera Medrano
Reportera
La guerra en contra de los “chocolates” recrudece en Tamaulipas con las acusaciones de los Distribuidores Nacionales de Automotores, en contra de la Unión Campesina Democrática (UCD) y la exigencia al Gobierno Federal para que dé un rotundo no a la nacionalización de vehículos extranjeros.
El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Tamaulipas, Mario César Guerra González, dijo que para frenar la proliferación de los “chocolates” alistan una estrategia a nivel nacional de la mano del Presidente Andrés López Obrador.
Acusó que es un fraude la venta de placas, por parte de la UCD pues crean falsas esperanzas a los ciudadanos, creyendo que están dentro de la legalidad.
“Estamos preparando una estrategia para sentarnos con el presidente de la República para ver cómo va hacer el gobierno tanto federal como estatal, coordinar para definir una estrategia y pongan un alto de manera definitiva como solicitud de la AMDA para que los metan en control, y les digan que lo que están haciendo está fuera de la ley y que también sienta el Presidente de la República que el sector automotriz le genera a la nación un número importante de empleos de manera formal y aporta al PIB Nacional más de lo que entra de remesas del extranjero”, precisó.
En una reciprocidad hacia los distribuidores nacionales exigen al Gobierno Federal que haya un rotundo no a una nacionalización de vehículos americanos.
El Presidente de la AMDA habló incluso de llamarlos a cuenta con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Ellos se denominan como asociación civil, y están obligados a reportar sus ingresos y egresos, y deberán exponer todo conforme a sus comprobantes fiscales digitales CFDI”.
Hizo un llamado a las autoridades hacendarías para que les hagan una revisión como al contribuyente que está debidamente registrado, y se cumplan las reglas porque la misma constitución habla de una obligación de cumplir y participar en los ingresos del estado, que sea proporcional y equitativa, y no están generando nada y a los que estamos legales si nos están aplicando.
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