Rechaza Congreso anular elecciones por intervención del narco
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso local rechazó una iniciativa que buscaba incorporar a la Constitución estatal anular elecciones de alcaldes y diputados locales cuando se acreditara que la delincuencia organizada intervino en el resultado de los comicios.
La propuesta, presentada por el diputado del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, planteaba impedir que grupos criminales influyeran en la competencia política mediante amenazas contra candidatos, financiamiento ilícito, intimidación de funcionarios electorales, imposición o veto de aspirantes y mecanismos de coacción del voto.
Sin embargo, la iniciativa no avanzó ante el Pleno debido al voto negativo de la bancada de Morena, por lo que no fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.
El planteamiento buscaba reformar el artículo 20 de la Constitución Política de Tamaulipas para establecer que una elección pudiera declararse nula cuando la intervención criminal vulnerara la libertad, autenticidad o integridad del sufragio y tuviera un impacto grave, doloso y determinante en el resultado electoral.
García Cabeza de Vaca argumentó que el cumplimiento formal de las etapas de una elección no garantiza por sí mismo que la ciudadanía haya podido votar libremente, particularmente cuando existen presiones de grupos delictivos sobre candidatos, autoridades y electores.
“La democracia constitucional tiene como presupuesto indispensable que el voto ciudadano pueda emitirse y contarse en condiciones de libertad, autenticidad, seguridad y ausencia de coacción”, expuso.
La propuesta contemplaba distintas formas de intervención criminal, desde las amenazas y agresiones directas contra aspirantes hasta mecanismos menos visibles, como presionar para retirar candidaturas, impedir que determinados perfiles participen en la contienda o condicionar la movilización de votantes en zonas bajo control territorial de organizaciones delictivas.
También incluía posibles afectaciones a la organización electoral, como intimidaciones contra funcionarios, alteraciones en el funcionamiento de casillas, interrupciones de la jornada, destrucción de documentación y acciones dirigidas a modificar la participación ciudadana.
El objetivo era que la legislación estatal reconociera expresamente que la injerencia criminal puede presentarse antes del día de la votación y afectar desde entonces las condiciones de competencia entre los partidos y sus candidatos.
El proyecto establecía que la presencia de grupos criminales en un municipio no sería suficiente, por sí sola, para anular una elección. Para que procediera esa medida, tendría que demostrarse una relación concreta entre la intervención delictiva y la afectación del proceso electoral.
“No toda violencia ocurrida durante una elección debe provocar su nulidad. Tampoco la mera presencia territorial de una organización criminal constituye por sí sola una causal de nulidad”, estableció el documento.
Para acreditar los hechos, la iniciativa proponía que los tribunales electorales pudieran valorar de manera conjunta pruebas documentales, financieras, tecnológicas, audiovisuales y testimoniales.
Entre los elementos considerados figuraban informes de seguridad, actas de órganos electorales, denuncias, carpetas de investigación, registros financieros obtenidos legalmente, fotografías, videos y testimonios de ciudadanos o funcionarios que hubieran presenciado actos de intimidación.
Con ello, se buscaba que la autoridad jurisdiccional pudiera determinar si las conductas denunciadas habían comprometido la libertad del voto o alterado de manera determinante el resultado de los comicios.
Como parte de los argumentos para respaldar la reforma, el documento presentado por el legislador panista citó registros de violencia política en el país.
Según las cifras incorporadas a la iniciativa, entre 2019 y el 30 de agosto de 2026 se contabilizaron 3 mil 42 amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros contra personas del ámbito político o gubernamental, así como contra instalaciones de gobierno o partidos políticos, hechos atribuidos a grupos de la delincuencia organizada.
Para el proceso electoral de 2023-2024, el documento señaló que se registraron 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes, entre ellos 34 asesinatos, 10 atentados, 32 amenazas tangibles, 14 ataques armados en los que sobrevivió la persona candidata pero murió alguien más y 10 secuestros.
En el caso de Tamaulipas, la propuesta retomó los señalamientos formulados durante la elección de gubernatura de 2022, cuando se denunciaron presuntos vínculos con grupos criminales, financiamiento ilícito, intimidación y presiones sobre el electorado.
El rechazo de la iniciativa ocurre cuatro meses después de que el Congreso local aprobara reformas constitucionales para establecer la nulidad de elecciones de alcaldes y diputados cuando se acreditara injerencia extranjera.
