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La Cámara de Diputados argumentó que las nuevas reglas aprobadas por el Congreso de Tamaulipas son ilegales porque violan los artículos 14, 35, 41, 49, 111, 116 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pues vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra Servidores Públicos; así como al propio orden constitucional.
El pasado 2 de marzo, el Congreso de Tamaulipas aprobó, con mayoría panista, nuevas reglas para declarar o no la procedencia de un desafuero a los gobernadores de Tamaulipas.
Con estas modificaciones, los legisladores de Tamaulipas buscan poner un freno al procedimiento iniciado en el Congreso federal en contra del actual gobernador tamaulipeco, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien la FGR pide desaforar para poder proceder penalmente en su contra por los posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada.
La controversia constitucional ante la SCJN contra el Congreso de Tamaulipas se da por considerar que el acuerdo aprobado el pasado 2 de marzo para homologar los desafueros de funcionarios estatales, carece de fundamento constitucional.
“Como podemos observar la facultad de declaración de procedencia (desafuero) se instituyó para conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o los requerimientos del Ministerio Público, mediante la presentación de elementos de prueba en contra de diversos servidores públicos, por su probable responsabilidad penal”, se plantea en la controversia.
También señala:
“En lo que se refiere a los gobernadores, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los Tribunales Superior de Justicia de los estados a quienes se les hubiere atribuido la comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la Legislatura local respectiva, únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
En el centro del debate por el desafuero y la Controversia Constirucional, es si el Congreso de Tamaulipas tendrá la última palabra o voto o como reclama ante la SCJN es el Congreso Federal quien tiene las facultade legales como ultima instancia para decidir el fin de la inmunidad del gobernador de Tamaulipas ante esta situación que el propio gobernador ha definido como “embestida política” ordenada desde Palacio Nacional.
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