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Por Shalma Castillo
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La cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 correspondiente al Gobierno de Ciudad Madero que encabeza Adrián Oseguera Kernion, igual que la del 2019, también tuvo inconsistencias millonarias y 30 observaciones por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En el documento que entregó la ASE en junio de 2021 a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, que es el más actualizado, informa que hasta esa fecha el alcalde Adrián Oseguera tiene pendiente por solventar 2 millones 211 mil 632.80 pesos.
De acuerdo al informe individual de la auditoría Financiera y de Cumplimiento número PAA-A-009-2021, el resultado de la fiscalización del Ayuntamiento de Madero arrojó 30 observaciones; 29 de gestión financiera y una recomendación, de las cuales solventó 22 y tiene ocho pendiente por aclarar.
En dichos resultados establece que el tipo de acción promovida es de siete promociones de responsabilidad administrativa correspondientes al monto de 2 millones 211 mil 632.80 pesos, cuya acción en caso de no solventarse, amenizarán acciones subsecuentes en los términos de la legislación vigente aplicable.
Cabe mencionar que el recurso público por aclarar de las cuentas públicas de dos años del Gobierno de Ciudad Madero ascienden a 8 millones 711 mil 903.16 pesos: 6 millones 500 mil 270.36 de 2019 y 2 millones 211 mil 632.80 pesos de 2020.
La ASE informó que los procedimientos de auditoría aplicados a este ente fiscalizado corresponden a la evaluación del Sistema de Control Interno implementado por el ente a efecto de verificar su funcionalidad.
Constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas y si se ajustaron a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos, la contratación de servicio y obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, etc.
Así como el verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental.
verificar si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, donativos, entre otros, se ajustaron a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal y Municipal.
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