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Pone ASE bajo sospecha a Adrián Oseguera

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or Shalma Castillo

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El Gobierno Municipal de Ciudad Madero, presidido por Adrián Oseguera Kernion arrastra observaciones desde la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, motivo por el que la Auditoría Superior del Estado (ASE) lo mantiene en la mira dentro de la lista de ayuntamientos con millonarias cuentas por aclarar.

Con base al informe individual de la auditoría financiera y de cumplimiento número PAA-A-009-2020, establece que la ASE detectó un total de 79 observaciones en la cuenta pública 2019; 76 corresponden a gestión financiera, una recomendación y dos de obra pública.

En febrero de 2021 la Auditoría Superior del Estado entregó dicho informe al Congreso de Tamaulipas, detallando que el Gobierno de Madero solamente logró solventar 55 observaciones y dejó 24 pendientes por aclarar.

El documento indica que de esas observaciones; 23 corresponden a promoción de responsabilidad administrativa y ascienden a un monto de 6 millones 500 mil 270.36 pesos los cuales no han logrado comprobar su destino.

La ASE manifiesta en dicho informe que “con base en la información examinada que fue proporcionada por la entidad sujeta a fiscalización, se concluye que el resultado derivó 24 observaciones no solventadas, cuya acción en caso de no solventar los resultados obtenidos, amenizarán acciones subsecuentes en los términos de la legislación vigente aplicable”.

El procedimiento de auditoría que aplicó la ASE corresponden a la evaluación del Sistema de Control Interno implementado por el ente a efecto de verificar su funcionalidad; verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados y si se ajustaron o corresponden a los conceptos autorizados en la Ley de Ingresos.

Constatar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas y si se ajustaron a los criterios señalados en el Presupuesto de Egresos, la contratación de servicio y obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, etc.

Así como el verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de registro y contabilidad gubernamental; verificar si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, donativos, entre otros, se ajustaron a la legalidad y si no han causado daños o perjuicios a la Hacienda Pública Estatal y Municipal.

 

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