Se niega Enrique “R” a entrega voluntaria; van por extradición
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las negociaciones para concretar la entrega voluntaria del exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique “R”, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) fracasaron luego de que el exfuncionario se negara a aceptar esa alternativa, por lo que se procederá a solicitar su extradición desde Estados Unidos.
Durante la mañana de este viernes, abogados del exfuncionario y representantes de la FECC sostuvieron negociaciones para buscar una salida que permitiera su entrega voluntaria a las autoridades mexicanas, sin embargo, las conversaciones no prosperaron y el exalcalde rechazó esa posibilidad.
Entre las condiciones de Enrique “R” durante las negociaciones se encontraba el retiro de los cargos que enfrenta en México, opción que no fue aceptada y que terminó por complicar el procedimiento.
Ante la negativa, la Fiscalía Anticorrupción solicitará la extradición del exalcalde, quien ha sido ubicado en Austin Texas, mientras que buscan que comparezca ante la justicia.
La investigación contra el exalcalde se encuentra radicada en la causa penal CP 38/2023 y está relacionada con la adquisición de un terreno realizada en 2021, durante su administración al frente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la operación habría sido realizada con un presunto sobreprecio que ocasionó un daño patrimonial superior a los 50 millones de pesos a las finanzas municipales.
El predio estaba destinado al proyecto del World Trade Center de Nuevo Laredo y su adquisición fue señalada por presuntas irregularidades en el procedimiento de compraventa, en el que también fueron investigados otros exfuncionarios municipales.
Por estos hechos, al exalcalde se le atribuyen presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones públicas, abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades.
El procedimiento penal avanzó hasta julio de 2025, cuando Enrique “R” fue vinculado a proceso por un juez de control, quien además le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
La resolución judicial estableció que el exalcalde debía ingresar al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo en un plazo de 48 horas; sin embargo, no se presentó para cumplir con esa determinación.
Posteriormente, promovió recursos de amparo para evitar su internamiento, con los que consiguió suspensiones judiciales que temporalmente impidieron ejecutar la medida cautelar y le permitieron continuar el procedimiento en libertad.
El caso llegó nuevamente a instancias federales y el 1 de octubre de 2026 el Segundo Tribunal Colegiado con sede en Reynosa resolvió negarle la protección de la justicia federal, con lo que quedó sin efecto la protección que había impedido ejecutar la prisión preventiva.
A partir de esa resolución, la FECC quedó en condiciones de hacer efectiva la orden de aprehensión para cumplir con la medida cautelar dictada por el juez de control, pero huyó del país.
