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El diputado panista Gerardo Peña promovió un amparo en contra de au inhabilitación decretada por la Contraloría de Tamaulipas:
“Es contra mi inhabilitación”, respondió escuetamente el diputado sobre el jucio de amparo.
El expediente 1583/2024 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas señala la demanda del diputado contra la “promulgación del decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas en fecha 01 de junio de 2017, la cual considero inconstitucional en su artículo 75 fracción IV”.
QUE DICE EL DECRETO QUE SEÑALA GERARDO PEÑA
En el juicio de amparo promovido por el panista, se queja de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas.
Esto señala el diputado como inconstitucional:
Textualmente dice.
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Contraloría o los órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
La Contraloría y los órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.
En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
Peña Flores presentó al inicio de la actual legislatura local, una suspensión del Tribunal de Justicia Administrativa, dictada en contra de la inhabilitación decretada por la Contraloría Gubernamental, por la expedición ilegal de fíat de notarios y patentes de aspirantes en el año 2022.
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