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Por Shalma Castillo
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En los primeros seis meses de este año en Tamaulipas radicaban 4 mil 131 elementos de la Guardia Nacional desplegados en diversos municipios, para ejercer presuntamente funciones de seguridad pública de carácter civil, sin embargo, con la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los efectivos de esta institución pasarían al mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El estado de Tamaulipas cuenta con ocho cuarteles, denominados por esta corporación “compañías para la Guardia Nacional” de los cuales siete están en funcionamiento y uno en proceso de construcción, anteriormente algunos de éstos pertenecían a la Policía Federal.
Desde enero de 2020 dichas “compañías” de la Guardia Nacional se encuentran instaladas en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Ciudad Victoria, Ciudad Mante y en Guerrero, éste último todavía está en proceso de obra.
De acuerdo a la Guardia Nacional el objetivo es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
Con esta reforma la Sedena tendría el poder absoluto de la Guardia Nacional, recibiría el control operativo, financiero y administrativo de la corporación que estaba a cargo de la secretaría de Seguridad Pública.
Al corte del 2022 Tamaulipas cuenta con 3 mil 815 militares de la Defensa Nacional en la zona militar 48 de Ciudad Victoria y la 8va zona militar en Reynosa, dichos elementos se encuentran distribuidos en diversos puntos de la entidad.
El perfil de la Sedena es estrictamente militar y los objetivos principales son organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos; defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
Debido a dicho perfil y cuya actuación lejana a la de policía civil, esta corporación ha sido una constante generadora de quejas contra los derechos humanos. De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los militares que han pasado por Tamaulipas tienen antecedentes registrados en esta institución.
Algunas de los expedientes de la CNDH son: el oficio DGDDH/336/2021 por uso excesivo de la fuerza durante un operativo; “recomendación 90/2021 al secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), general Luis Cresencio Sandoval González, por la violación a los derechos humanos de tres víctimas durante un operativo militar realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En el oficio DGC/267/2020 se exhortó también al titular de la Sedena, a que se investigue de manera exhaustiva la probable violación de los protocolos de actuación y de los estándares internacionales de uso de la fuerza letal con armas de fuego, durante un operativo realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que un civil fue abatido por miembros del Ejército Mexicano.
La recomendación 16VG/2018 a la Sedena por violaciones graves a derechos humanos consistentes en detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura atribuibles a elementos del Ejército Nacional.
Así como la 51/2018, por la agresión que sufrió una familia con disparos de armas de fuego durante la persecución que personal militar hacía a dos vehículos en Reynosa.
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