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*Altamira pagó 3.4 mdp a empresas vinculadas al caso YAC*
_JD Abarrotes y Perecederos y Aldekom son onvestigadas por la Fiscalía Anticorrupción por contratos de 985 millones mdp._
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, dio contratos por 3.4 millones de pesos a dos empresas vinculadas al caso de la exsecretaria de Bienestar, YAC, investigadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) por un presunto quebrando que asciente a los 985 millones de pesos.
De acuerdo con documentos oficiales y facturas correspondientes a las que accedió NOTICIERO DE VICTORIA, el Gobierno de Altamira pagó a JD Abarrotes y Perecederos y Aldekom S.A. de C.V. tres millones 441 mil 366.40 pesos.
La mayor cantidad corresponde a JD Abarrotes y Perecederos, empresa que aparece entre las compañías que participaron en los contratos de adquisición de despensas en el sexenio del exgobernador García Cabeza de Vaca durante la pandemia del Covid-19.
Según la documentación municipal consultada, Altamira realizó pagos a dicha empresa por un monto de 2 millones 768 mil 959.90 pesos.
Aldekom S.A. de C.V., la otra empresa relacionada con los contratos de despensas y por los que vincularon a proceso a YAC, también aparece como proveedora del Ayuntamiento de Altamira.
En este caso, la factura A 00173, registra un pago por 672 mil 406.50 pesos por la adquisición de paquetes de productos alimenticios básicos destinados a los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Altamira (SUTRA).
En conjunto, ambas operaciones representan recursos municipales por 3 millones 441 mil 366.40 pesos.
En la audiencia en la que fue vinculada a proceso la exsecretaria de Bienestar Social, la Fiscalía sostuvo que existen elementos para acreditar que fue ella quien solicitó las adquisiciones.
La defensa, por su parte, argumentó que la entonces funcionaria no tuvo participación directa en la adjudicación de los contratos y responsabilizó de esos procedimientos al entonces secretario de Administración y a las empresas participantes.
La jueza de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a la exfuncionaria por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones y estableció un periodo de seis meses para la investigación complementaria.
La defensa también planteó que las adjudicaciones directas pudieron realizarse bajo las disposiciones emitidas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.
Sin embargo, la juzgadora señaló que los decretos invocados no estaban establecidos como fundamento en la documentación oficial de los procedimientos de contratación y que los montos superaban los límites previstos en los presupuestos de egresos correspondientes.
El Ayuntamiento de Altamira también deberá precisar qué criterios utiliza para evaluar a sus proveedores cuando estos aparecen relacionados con investigaciones por presuntos actos de corrupción.
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