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INE atrae vigilancia de recursos públicos en elección del Congreso
Daisy Verónica Herrera Medrano
Reportera
El Instituto Nacional Electoral (INE) atrajo la facultad de vigilancia de recursos públicos en el proceso electoral para renovar el Congreso en Tamaulipas.
El acuerdo histórico se establece para garantizar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y evitar acciones que generen presión sobre el electorado.
La resolución INE/CG124/2019 establece este acuerdo aplicable para Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo donde hay elecciones ordinarias y Puebla con elección extraordinaria.
Los actores políticos cuentan ahora con un manual de conducta que delimita su actuar y evita que queden vacíos y dudas en los criterios para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y la equidad de la contienda.
Se aprueban diecisiete mecanismos para evitar acciones que generen presión sobre el electorado, entre los que destacan que nadie puede condicionar la entrega de beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura y da reglas puntuales a los servidores públicos sobre lo que no deben de hacer para incidir en el sufragio ciudadano.
Sobre la propaganda gubernamental y los programas sociales, solicita la colaboración de los titulares de los Poderes Ejecutivos federal y locales, legisladores y demás servidores públicos de la federación y estados, para que realicen las acciones necesarias a fin de que la ejecución de los programas sociales, se ajusten al objeto y reglas de operación establecidas, evitando su utilización con fines electorales distintos al desarrollo social, para evitar en todo momento, su vinculación con algún partido político, coalición o candidatura en particular.
Las quejas y denuncias por violaciones al principio de imparcialidad con motivo de la aplicación, ejecución y reparto de bienes, servicios y recursos relativos
a programas sociales, aplicación de recursos públicos que involucren la difusión en radio o televisión de cualquier clase de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, serán radicadas y sustanciadas como procedimientos sancionadores y resueltos por los órganos competentes y en caso de que constituyan algún delito en materia electoral, se dará vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
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