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Exigen a ExDiputados aclarar 30 millones de pesos

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por Shalma Castillo

twitter @ShalmaCastillo

Más de 30 millones de pesos ejercidos por la anterior Legislatura de mayoría panista del Congreso de Tamaulipas, están pendientes de aclarar tras  una auditoría del proceso de entrega-recepción, ya sea porque no fueron justificados o su documentación fue deficiente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Armando Zertuche Zuani, informó que a partir de los resultados de esta auditoría, la Legislatura 64 tiene 30 días para solventar las observaciones detectadas en el ejercicio fiscal 2021, que totalizan 30 millones 200 mil pesos en los siguientes rubros:

En el bono de salida son 9 millones 100 mil pesos; gastos a comprobar 7 millones 500 mil pesos; adeudos ejercicios anteriores 2 millones 400 mil pesos; impuestos, retenciones, proveedores 5 millones 200 mil pesos y afectación anticipada del presupuesto 6 millones de pesos.

Especificó que de los 9 millones 100 mil pesos del bono de salida, el 50 por ciento de este recurso se destinó únicamente en 11 personas, es decir que a cada uno de estos diputados o funcionarios recibió casi 500 mil pesos. El resto, entre 40 personas más, que son alrededor de 113 mil pesos.

El 75 por ciento del presupuesto se ejerció en el primer semestre del año, el mayor porcentaje en los meses electorales; marzo, abril y junio para pagar gastos denominados como bonos especiales.

Algunas de las facturas que sobresalen es la de compra de memorias USB por 150 mil pesos; 300 mil pesos en la reparación de tres aires acondicionados.

El gasto de 150 mil pesos por desmonte y jardinería, a pesar que el Poder Legislativo cuenta en la estructura administrativa con personal para realizar dichas actividades. También cuentan con planta de luz, sin embargo pagaron por la renta de este equipo a empresas con giro comercial de abarrotes y papelería.

El informe fue notificado a la administradora de la Legislatura 64, Karen Pozos, misma que se negó a firmar el requerimiento.

Zertuche Zuani, explicó que en caso de no atender el llamado o aclarar las observaciones, el Congreso iniciará un procedimiento administrativo a través de la Contraloría, e incluso, podrían llegar a términos judiciales.

 

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