ExFiscal denuncia a Congreso y Fiscalía de “tormento psicológico”

Fiscalía de “tormento psicológico”

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Ciudad Victoria.-

Raúl Ramírez Castañeda suspendido por el Congreso de Tamaulipas como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estatal (FECC), promovió amparo contra la “suspensión del cargo”, reclamando como agravios hasta “tormento psicológico” de parte del poder legislativo y del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

A la par de las acciones del Congreso de Tamaulipas en el proceso de  la separación o remoción del cargo, a través de una serie de amparos promovidos, Ramírez Castañeda denuncia una larga lista de agravios:

Reclama del Congreso  del Estado de Tamaulipas “y otras autoridades, entre otras  cosas, el procedimiento de separación y/o remoción del  cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a  la Corrupción del Estado de Tamaulipas; las penas  difamantes, la infamia, deshonra, ataques a la salud por  daño psicológico, alteración de la salud mental, acoso  laboral por virtud de las publicaciones y declaraciones  imputables a las responsables en medios impresos,  electrónicos, televisivos y declaraciones a medios de  prensa, declaraciones en eventos públicos, publicaciones y  notas en el canal de televisión oficial, mensajes y videos en  redes sociales, daño patrimonial y tormento psicológico de  privarlo del sueldo, prestaciones de ley como trabajador al  servicio del Estado y demás emolumentos o prestaciones  inherentes al puesto;exposición y riesgo en su seguridad  personal de retirarle los guardias de seguridad o escoltas;  las consecuencias directas o indirectas, mediatas o  inmediatas”.

 El Congreso Local en el juicio de amparo 2834/2022 señala que Ramírez Castañeda incumplió los requisitos legales para el cargo y removerlo es facultad soberana del Congreso de Tamaulipas.

Dice el documento: Al tratarse el acto  reclamado de actos soberanos del Poder Legislativo, como  lo es, la separación o remoción del cargo de un servidor  público que haya designado, en términos del artículo 58,  fracción XXI, de la Constitución Política del Estado de  Tamaulipas, lo que está previsto en el artículo 61, fracción  VII, de la Ley de Amparo y que ue la Fiscalía Especializada en Combate a la  Corrupción, es una unidad administrativa de la Fiscalía eneral de Justicia del Estado de Tamaulipas,  instituida por el Congreso del Estado de Tamaulipas  en términos del artículo 58, fracción XXI, de la  Constitución Política local, y prevista en el numeral 10,  fracción VIl, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General  de Justicia del Estado de Tamaulipas y que “para tal cargo, es  indispensable cumplir con todos los requisitos que  exige el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía  General de Justicia del Estado, entre ellos, acreditar  las evaluaciones de control de confianza previstas  en la legislación aplicable, en caso contrario, la  consecuencia jurídica de ello es ser separado o  removido del cargo, facultad que compete única y  exclusivamente al Congreso del Estado, mediante el  procedimiento previsto en el Título XI, artículo 149, en  concordancia con el 58, fracción XXI, de la  Constitución Política Local.

Apenas el pasado 12 de septiembre, Raúl Ramírez Castañeda suspendido por el Congreso de Tamaulipas como titular de la  FECC promovió la ampliación del Juicio de Amparo 2834/2022 del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Reynosa, donde pide la protección de la justicia federal contra “la separación del cargo” por parte del Congreso y Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que denuncia, incluye “tormento psicológico”.

CONTEXTO

Ramírez Castañeda reclama a la Fiscalía General de Justicia:

La omisión de hacerle del conocimiento  en tiempo y forma el resultado de los exámenes  de control y confianza a que fue sometido como servidor público

 La emisión del oficio FGJ/126/2022, así  como su filtración y publicación de forma  deliberada, en flagrante violación de sus  derechos humanos de debido proceso, dignidad  y presunción de inocencia, por carecer de  fundamentación y motivación, además de que no  se le notificó legalmente

TAMBIÉN SEÑALÓ  a diecinueve Jueces de  Control, con residencia en diversas ciudades del  estado de Tamaulipas, a quienes atribuyó la  orden judicial en su contra que contiene la  autorización de intervención de comunicaciones  privadas como lo son los correos electrónicos y  oficiales, aplicaciones como whatsapp, cuentas de redes sociales, números telefónicos  personales y oficiales; al igual que la orden de  cateo sobre sus bienes y posesiones