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Con amparos, exsecretario de CDV busca frenar proceso por corrupción y evitar prisión
Por Héctor Sandoval
X: @hectorsandoval0
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con dos amparos simultáneos para suspender su vinculación a proceso y evitar la prisión preventiva justificada, Rómulo Garza Martínez, exsecretario de Bienestar durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, busca inmunidad antes de que se renueve el Poder Judicial en Tamaulipas.
Los juicios de amparo los promovió ante el Juzgado Primero de Distrito, para librarse de las acusaciones por corrupción que enfrenta.
Uno de los amparos está relacionado con la resolución judicial del 12 de julio pasado, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la adjudicación irregular de 2.6 millones de despensas, por un monto de 650 millones de pesos, durante 2021.
Este proceso se suma a otro caso en su contra por la compra sin licitación de 474 mil paquetes alimentarios en 2020, por 125 millones de pesos.
En el juicio de amparo 1119/2025, la defensa de Rómulo impugnó la prisión preventiva, misma en la que el juez federal le concedió la suspensión provisional el 23 de julio, y programó para el 10 de septiembre la audiencia constitucional para definir si se le concede la suspensión definitiva y recupera su libertad.
En respuesta, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC) presentó un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, bajo el expediente 225/2025, al considerar que la prisión preventiva justificada es legal y necesaria.
En otro expediente (186/2025), relacionado con una vinculación a proceso previa, se le concedió desde febrero la suspensión definitiva, tras la resolución del Juzgado Primero de Distrito.
Sin embargo, por retrasos en la entrega de informes, hata el 25 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado informó que admitió el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía Anticorrupción, registrándolo como incidente en revisión 76/2025.
Con ambas acciones, el exsecretario panista busca postergar los efectos de su proceso penal, que incluye acusaciones por uso ilícito de atribuciones y desempeño indebido de funciones, así como por autorizar contratos sin respetar los procedimientos legales de adquisiciones.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que los procedimientos judiciales están bien sustentados y forman parte de un esfuerzo para castigar el desvío de recursos públicos en sexenios anteriores.
El plazo de investigación complementaria, en el proceso más reciente vencerá el 16 de octubre de 2025.
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