Dan amparo al Alcalde de Reynosa vs orden de aprehensión

Reynosa.-

El Juez Primero  de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León otorgó amparo al alcalde de Reynosa Carlos Víctor Peña Ortiz,  contra la orden de aprehensión en su contra, por lo que no puede ser detenido.

El Juez Federal Victor Hugo Alejo Guerrero, determinó la protección de la justicia federal al alcalde de Reynosa en el expediente  562/2022.

El juez resolvió:

-Se concede la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y de detención, para el efecto de que el incidentista (Makito) no sea privado de su libertad con motivo de dicha orden de captura; quedando a disposición de este Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, por cuanto a su libertad personal y a disposición del autoridad judicial para la continuación, del procedimiento instaurado en su contra.

La resolución  precisa que la suspensión concedida “surte efectos de inmediato, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días, contado a partir del dia siguiente al  que surta efectos la notificación de esta resolución, garantia por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley”.

El alcalde denuncia que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha respetado el debido proceso y afirma ser inocente de los cargos que le imputan, dentro de la carpeta procesal CP/0017/2021.

El alcalde expone como agravios:

-La ejecución de la orden de aprehensión solicitada el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y obsequiada por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en San Fernando, Tamaulipas, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

– La falta de declaración de procedencia por parte del Congreso Local del Estado de Tamaulipas, para que se pueda proceder penalmente en su contra.

– La inconstitucionalidad del artículo 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas que establece el fuero a servidores públicos.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas solicitó, por parte del Ministerio Público, que librara la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en virtud de no haber obtenido la comparecencia del alcalde, a pesar de haber sido citado legalmente.

La Fiscalía detalla los presuntos delitos del alcalde de Morena:

-Sin tener actividad lícita remunerada, o bien, ingresos con motivo de alguna sucesión, y siendo estudiante, cuenta con diversas cuentas bancarias en las que, se aprecia que en variadas ocasiones realiza operaciones por cantidades muy importantes de dinero, por ejemplo cuenta con depósitos que van de los $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional) a los $17’568,742.07 (diecisiete millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos 07/100 moneda nacional), y se aprecia que realizó una compra de dólares por un monto de $903,670.00 (novecientos tres mil seiscientos setenta dólares 00/100 Moneda de los Estados Unidos de América).

-Un depósito recibido a la cuenta del alcalde por el monto de $5’487,537.70 (cinco millones cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos treinta y siete pesos 70/100 moneda nacional), proveniente de una persona que ni siquiera estaba dada de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, pues se dio de alta más de un año después.

-La adquisición de  dos inmuebles en el municipio de Cruillas, con un valor de$2’750,000.00 (dos millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $1’750,000.00 (un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), respectivamente; al igual que se aprecia que es socio y gerente de una empresa  ubicada en McAllen, Texas.

-El uso de varios nombres, cuenta con diferentes actas y fechas de nacimiento registradas, diversos registros de Clave Única de Registro de la Población (CURP) y Registros Federal de Contribuyentes (RFC).

La Fiscalía determina que “a partir de todo eso consideró,  que se deducía de manera razonable que el alcalde realiza operaciones de enajenación y estratificación del recurso, así como que lo coloca en la economía y sistema financiero nacional, con lo cual oculta su origen, sin contar con actividades lícitas que respalden esas operaciones”.