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*ASF detecta simulación de contrato ligado a Erasmo González*
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una presunta simulación de competencia en el contrato MCM-ADQ-001-2024 en el Gobierno de Madero de Erasmo González Robledo, correspondiente a la adquisición de cuatro camiones recolectores de basura por 4.1 millón de pesos.
La auditoría sometida al dinero que utilizó el Ayuntamiento de las Participaciones Federales enviadas durante el 2024, establecen que las empresas participantes están vinculadas entre sí.
La revisión a la información del Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía y al análisis de las actas constitutivas de las empresas participantes y ganadoras en 11 expedientes técnicos seleccionados para fiscalización, se observó que la empresa adjudicada y otra participante comparten accionistas y representanes legales.
La ASF concluyó que dichas acciones “implicaron o tuvieron por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida”, lo que apunta a una posible simulación de competencia en el proceso de adjudicación.
Por estos hechos, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Dirección General de Investigación y Responsabilidades, adscrita a la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, realice las indagatorias correspondientes y determine la posible responsabilidad de servidores públicos que habrían realizado una revisión deficiente de la documentación presentada por las empresas concursantes.
Asimismo, la promoción incluye a las empresas participantes en el procedimiento de contratación, al considerar que la vinculación entre ambas compañías pudo generar una ventaja indebida dentro del proceso.
Estas observaciones se suman a las irregularidades detectadas por la ASF en la Auditoría de Cumplimiento 2024-D-28009-19-1889-2025, donde se reportaron montos pendientes por aclarar que superan los 4 millones 157 mil pesos, equivalentes al 4.3 por ciento de la muestra auditada.
Entre los hallazgos previos destacan contratos de asesoría sin evidencia suficiente de prestación del servicio, así como inconsistencias documentales en otros procedimientos financiados con recursos federales.
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