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*Inhabilitan por 1 año a Maniflosa, empresa ligada a Dora “N”*
_Anticorrupción y Buen Gobierno detecta cochinero._
Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó por un periodo de un año y un mes a la empresa Maniflosa, S.A. de C.V., por presuntas irregularidades en contratos con dependencias públicas, entre ellas la Secretaría de Salud estatal.
La empresa está vinculada a la directora de Recursos Materiales y Humanos de la SST, a la cual favoreció con el contrato de 300 millones de pesos para la adquisición de equipo de curación, pero que no cumplió con la entrega dentro de los tiempos acordados.
A través de la Circular No. SABG/OICGYR/AR/3771/2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se ordenó a todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como a los estados, municipios abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la citada empresa durante el periodo de sanción.
De acuerdo con la resolución administrativa PISI-A-NC-DS-0062/2023, la compañía fue sancionada por infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al detectar irregularidades en procesos de adjudicación y contratación de equipo médico.
Además de la inhabilitación, la dependencia impuso una multa económica cuyo pago es condición para levantar la restricción en el sistema CompraNet.
El expediente administrativo forma parte de una investigación penal en curso que involucra a Dora “N”, directora de Recursos Materiales de la Secretaría de Salud, señalada por favorecer a Maniflosa con contratos por más de 300 millones.
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) advierte presuntos delitos de corrupción, ejercicio ilícito de funciones, coalición de servidores públicos, abuso de funciones y tráfico de influencias.
De acuerdo con la denuncia, Maniflosa recibió un anticipo de 200 millones de pesos para el suministro de equipo médico en unidades hospitalarias, sin que hasta la fecha se haya acreditado la entrega del material comprometido.
El Código Penal Federal establece penas de entre 6 y 12 años de prisión por los delitos imputados, además de sanciones económicas y la destitución e inhabilitación hasta por 20 años para servidores públicos involucrados.
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