Trabajadora de Salud acumula 36 quincenas sin salario

Por Héctor Sandoval

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La nutrióloga Senyase Maribell Pérez Ramírez acumula 36 quincenas sin recibir salario, a pesar de contar con un laudo laboral que ordenó su reinstalación y el pago de salarios caídos tras haber sido despedida en 2017.

El caso se originó en ese año, durante el inicio de la administración estatal encabezada por el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuando la trabajadora fue separada de su cargo en la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

Tras considerar que el despido fue injustificado, la trabajadora promovió un juicio laboral ante la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, donde se integró el expediente 275/5/2017.

Después de varios años de proceso legal, la autoridad laboral resolvió que el despido fue injustificado y ordenó la reinstalación en su puesto original, así como el pago de salarios caídos, reconocimiento de antigüedad y prestaciones pendientes.

El laudo quedó firme en 2020; sin embargo, la reinstalación se concretó hasta el 12 de agosto de 2024, cuando la trabajadora fue reincorporada a la Jurisdicción Sanitaria IV en Reynosa.

De acuerdo con documentos oficiales, desde su reincorporación la trabajadora continúa desempeñando sus funciones, pero no ha recibido el pago correspondiente a su salario.

Ante esta situación, el 17 de febrero de 2026, la trabajadora presentó un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que expuso la falta de pago tras su reinstalación.

Posteriormente, el 19 de febrero de 2026, la Dirección General de Atención Ciudadana registró la solicitud con el folio SACP20260219000005240 y la turnó para seguimiento institucional.

El 23 de febrero de 2026, la Secretaría de Gobernación emitió un oficio dirigido a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en Tamaulipas, en el que se reconoce la existencia de un laudo firme, la reinstalación de la trabajadora y la falta de pago de salarios.

La legislación laboral establece que, cuando se declara injustificado un despido, el patrón debe cumplir con la reinstalación o indemnización correspondiente, así como con el pago de salarios y prestaciones derivadas del laudo.

Hasta la fecha, el caso continúa en trámite ante las instancias correspondientes, mientras la trabajadora permanece en funciones en la jurisdicción sanitaria asignada.