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por Shalma Castillo
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A pesar que va en contra de los principios de la “Cuarta Transformación”, al igual que muchos de sus integrantes, la diputada en el Congreso Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, también oculta su declaración patrimonial desde su ingreso al servicio público.
En el 2018 Úrsula Patricia inició como servidora pública en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica con la jefatura de Proyectos, desde entonces la hoy diputada de Morena decidió reservar en su declaración inicial la totalidad de sus bienes muebles e inmuebles y toda información financiera.
“El servidor público no aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales” señala el oficio de declaración con fecha del 17 de mayo de 2018, en el cual únicamente informa los datos del puesto en el que inició, la información curricular y de estudios.
Sin embargo, en la declaración de intereses aseguró que no tiene ninguna relación, actividad o comisión con dependientes económicos en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas o consultorías, ni tampoco participaciones financieras.
De igual manera omitió su declaración de salida en versión pública, es decir los ciudadanos no podrán saber con qué llegó Salazar Mojica y con qué se fue del CONALEP.
En su llegada al Congreso de Tamaulipas como representante de Morena, la diputada originaria de Jalisco de nueva cuenta realizó la misma práctica al ocultar aquí la declaración patrimonial y de intereses.
El decidir no publicar, testar o dejar en blanco todos los datos en sus declaraciones, y que en algunos casos sí cuentan con conflictos de intereses, es una acción prácticamente de todos los representantes de Morena como el alcalde de Matamoros, Mario López Hernández; de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y de Victoria, Eduardo Gattás Báez.
La diputada Úrsula Patricia recientemente fue nombrada como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local, y a dos días de tomar dicha posición circuló en medios de comunicación un audio donde presuntamente es ella quien pide “moche” a un proveedor, en el que solicita inflar los precios en la factura y que haga devolución del dinero en efectivo; hasta el momento se desconoce si la información de la llamada se trata para cobrar supuestos servicios en Palacio Legislativo o CONALEP.
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