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Jueces, exámenes de control y confianza
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la reforma al Poder Judicial estatal, el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial aprobó un sistema integral de evaluación que permitirá revisar de manera más amplia el desempeño de juezas y jueces, incorporando no solo indicadores de productividad, sino también criterios éticos, psicológicos, médicos y socioeconómicos.
El nuevo esquema será aplicado por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial a partir de 2026, una vez que el Tribunal de Disciplina Judicial quede formalmente instalado en octubre de 2025.
La evaluación se organizará en tres grandes rubros: el ejercicio de la función jurisdiccional, el desempeño administrativo y una serie de aspectos complementarios orientados a detectar posibles riesgos en la conducta y condiciones personales de quienes imparten justicia.
En materia jurisdiccional, se analizará el cumplimiento de los plazos legales, la congruencia de las resoluciones con la normativa vigente y los criterios jurisprudenciales, así como la consistencia en el criterio del órgano jurisdiccional.
Además, se observará la actuación en audiencias, tomando en cuenta la conducción del proceso, el trato a las partes, el manejo del tiempo y el uso adecuado del lenguaje jurídico.
El componente administrativo evaluará el cumplimiento del horario laboral, la permanencia en el juzgado, la organización interna y la capacidad para supervisar al personal, así como la administración eficiente de los recursos humanos y materiales.
De manera adicional, el modelo incorpora evaluaciones especializadas para identificar riesgos éticos y psicológicos.
Estas contemplan pruebas psicométricas con enfoque ético, evaluaciones médicas realizadas por instituciones públicas o las que determine el Tribunal de Disciplina Judicial, así como estudios socioeconómicos a cargo del Centro de Convivencia Familiar.
También se prevén exámenes teóricos, prácticos y de habilidades en el manejo de audiencias, aplicados por la Escuela Judicial, además de la revisión del historial disciplinario de cada persona juzgadora.
El acuerdo señala que los indicadores se ajustarán a la materia de adscripción de cada juzgador, considerando las exigencias propias de su función, con el propósito de fortalecer el control interno y elevar los estándares de profesionalismo en la impartición de justicia.
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