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“Vigente” orden de aprehensión vs alcalde de Reynosa

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“Me matarían en la cárcel”
alega Alcalde de Reynosa
*Fiscalía se niega a informar porque no ejecuta orden de captura vs Carlos Peña
Ciudad Victoria.-
La Fiscalía General de Justicia se negó a aclarar las razones legales por las que no ha ejecutado la orden de aprehensión que existe desde hace dos años y medio contra el alcalde de Reynosa Carlos Peña Ortiz.
La Fiscalía “se encuentra  impedida legalmente para informar precisamente sobre una persona en particular, si existe o no alguna orden de aprehensión”, señaló la dependencia a través de una solicitud de información pública.
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Por su parte, el alcalde de Morena Carlos Peña, continúa en el laberinto judicial por la búsqueda de la protección federal contra la orden de captura en su contra liberada el dieciocho de mayo de  dos mil veintiuno, por el Juez de Control de la Tercera  Región del Décimo Primer Distrito Judicial del Estado,  con residencia en San Fernando, Tamaulipas, en la  carpeta procesal  CP/0017/2021, por aparecer como  probable responsable en la comisión del hecho que la  ley señala como delito de operaciones con recursos de  procedencia ilícita, previsto y sancionado por  el Código Penal para el Estado de  Tamaulipas.
Carlos Peña se ha negado a comparecer ante el Juez de Control con sede en San Fernando, quien rechazó la solicitud escrita del alcalde “de ponerse a disposición de la  mencionada autoridad”.
El alcalde contraatacó el rechazo pormoviendo amparo ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas.
El Juez Federal  “determinó que no había lugar a  acordar la petición escrita del quejoso de quedar a  disposición del Juez de control para la continuación del  proceso”.
El alcalde incluso promovió un amparo ante el JJuzgado Primero de  Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León en contra de la “ejecución de la orden de aprehensión” y “la orden de traslado a diverso centro  penitenciario o de Reinserción Social del  Estado de Nuevo León o fuera del Estado”.
El reynosense manifestó en el amparo 66/2022 que  “tiene conocimiento que al ingresar a cualquiera de los  citados penales (sin precisar cual o cuales) será agredido  física y verbalmente, por lo que teme por su vida y su  seguridad”.

 

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