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Desde multa a juicio político, posibles sanciones a jueza reasignada
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La reasignación temporal de la primera jueza electa, luego de imponer multas millonarias a dos abogados defensores, podría derivar en sanciones que van hasta el juicio político.
La intervención del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de revisar la actuación de jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, definirá cómo se actuará contra la juzgadora.
El expediente de la juzgadora ya fue turnado a ese Tribunal, que deberá determinar si existió un exceso en el ejercicio de sus funciones, luego de que se viralizaron dos videos de audiencias donde impuso sanciones económicas que superan el millón de pesos.
De acuerdo con el marco constitucional y orgánico del Poder Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial cuenta con facultades para realizar una investigación completa, que incluye:
Recolección de pruebas, testimonios, documentos e información oficial.
Citación a comparecer de la jueza involucrada.
Emisión de medidas cautelares o de apremio si la investigación lo requiere.
Posible presentación de denuncias penales ante la Fiscalía, si detecta posible comisión de delitos.
Solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado, en casos graves.
El procedimiento inicia con una Comisión de tres magistrados que emitirá una resolución.
Esta podrá ser impugnada ante el Pleno del Tribunal, cuya votación final debe obtener mayoría de cuatro votos.
Sus resoluciones son “definitivas e inatacables”, por lo que no admiten recursos posteriores.
Si el Tribunal concluye que existió responsabilidad administrativa, tiene un abanico de sanciones:
Amonestación.
Suspensión hasta por un año.
Sanción económica.
Destitución e inhabilitación, en casos graves.
Actividades de capacitación o reforzamiento de competencias.
En caso de que la jueza sea sometida a capacitación y evaluación, y no la apruebe, podría pasar a un esquema de suspensión de hasta un año.
Si después de ese periodo la evaluación sigue sin ser aprobada, el Tribunal estaría obligado a proceder a la destitución, sin generar responsabilidad para el Poder Judicial.
La Constitución local también permite que el Tribunal solicite al Congreso el inicio de juicio político contra jueces electos por voto popular, e incluso el proceso de desafuero si estima que hay conductas que configuran delitos.
Mientras la jueza continúa reasignada temporalmente al sistema penal tradicional, el Tribunal de Disciplina Judicial estará a cargo de definir si las multas impuestas, que alcanzaron entre 836 mil y 1.39 millones de pesos, se ajustaron a la ley o constituyeron un exceso.
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