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Por Shalma Castillo
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El Instituto Tamaulipeco del Deporte tiene pendiente por aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) más de 92 millones de pesos que corresponden a la cuenta pública del 2018.
La ASF detectó que entre municipios y paraestatales (ejecutores), 54 que dependen de la Secretaría de Finanzas Estatal, no remitieron información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco).
Entre la lista de los 54 ejecutores, se encuentra el Instituto Tamaulipeco del Deporte con el monto de 92 millones 509 mil pesos correspondientes al capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
“Se observó que la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas no remitió información contractual de proveedores y contratistas de 54 ejecutores, la cual fue requerida mediante los anexos que les fueron enviados por oficios de requerimientos de información, lo que imposibilitó la conciliación con la información financiera emitida por la SF”.
De acuerdo a la ASF, el que ahora llaman Instituto del Deporte (INDE), no reportó información contractual de proveedores y contratistas mediante anexos de obra pública y/o adquisiciones.
El ejercicio fiscal de 2018 del Gobierno de Tamaulipas, es el que más observaciones tiene por la ASF.
De acuerdo a la auditoría 1407 de cumplimiento a las Participaciones Federales a Entidades Federativas, aún se encuentra en seguimiento.
La cuenta pública del 2018 del INDE, estuvo encabezada por el exdirector Carlos Fernández Altamirano, actualmente diputado, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Congreso de Tamaulipas.
Cabe mencionar que la ASF solicitó aclaración al Gobierno del Estado de Tamaulipas con documentación adicional justificativa y comprobatoria de 8 mil 777 millones 194 mil 908 pesos a la Secretaría de Finanzas, monto que aquí incluye a los 54 ejecutores.
Para tratar de solventar las observaciones, la Contraloría Gubernamental remitió a la entidad fiscalizadora el oficio número CG/SCyA/00020/2020 con fecha 10 de enero de 2020.
Sin embargo derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, la ASF estableció “se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados números 6, 10, 14, 19, 22 y 23 se consideran como no atendidos”.
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