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por Shalma Castillo
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La revisión de la cuenta pública 2020 realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE)arrojó irregularidades severas en los Servicios Penitenciarios de Reinserción Social en Tamaulipas, como el no contar con los datos y evidencia sobre la población que atienden en estos sitios, todo esto bajo la nula supervisión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
En el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2020 practicado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la ASE reveló que el sistema de ejecución de sanciones no ha generado el impacto esperado, tal como lo muestra en diagnósticos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Entre la serie de observaciones que emite la ASE, es que la Secretaría de Seguridad Pública no cuenta con el informe sobre la población penitenciaria de los penales en el estado, ya que de acuerdo con la evidencia consistente en información estadística, “no se tiene datos ciertos y precisos sobre la población atendida en los Centros Penitenciarios”.
Por lo anterior, para verificar si existe o no sobrepoblación requirió de visitas y entrevistas con los responsables de los CEDES y tuvieron que basarse en los datos oficiales provenientes del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, dado a que “los sistemas institucionales con que cuenta el programa, no representan fuentes de información veraz y oportuna”.
Con base a los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), herramienta que permite alinear los objetivos de los programas y las políticas públicas, la SSP en la CP 2020 obtuvo seis de siete resultados con efecto negativo, algunos de los reprobados son: servicios de reinserción a personas adultas privadas de su libertad; servicios complementarios de reinserción social, entre otros.
Así como el resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, Tamaulipas, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria obtuvieron aspectos negativos y con calificación menor a 5 y el de Matamoros pasó “de panzazo” con 6.89.
La ASE informó que los siete CEDES ubicados en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Altamira, Tula y Jaumave, presentan diversas necesidades que e incluso, pueden llegar a afectar la operatividad en cada establecimiento.
Aunado a todo lo mencionado, la SSP tampoco obtuvo justificaciones teórica del problema que se pretende atender en materia de perspectiva de género; “los indicadores asociados a mujeres y hombres no contribuyen a medir el avance en la reducción de brechas de desigualdad, resultando inapropiados y sin impacto en el Plan Estatal”.
Finalmente, el ente fiscalizador informó que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas a través del Programa E 061 Servicios Penitenciarios y de Reinserción Social, brindó servicios de reinserción social con la finalidad de reducir el margen de reincidencia y recurrencia delictiva, sin embargo de acuerdo a los resultados de MIR, no hay un impacto positivo en el problema que se borda a través de la política pública y tampoco generó un presupuesto basado en resultados.
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