Demandan a proveedor “consentido” de SSP por extorsión y despojo

Demandan a proveedor de SSP por extorsión y despojo

Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ricardo A. Casanova Márquez, proveedor consentido de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) enfrenta una denuncia penal por los delitos de extorsión y despojo, de acuerdo con la carpeta de investigación NUC 1908/2026.

La denuncia señala que el implicado se habría apoderado de un inmueble ubicado en la calle Felipe de la Garza número 1371, entre Palma Real y Olivia Ramírez, en el fraccionamiento Las Palmas, donde actualmente opera la empresa Grupo ID REC.

Según la acusación, el inmueble no ha sido devuelto a su legítima propietaria.

Este señalamiento se suma a una serie de señalamientos previos que vinculan a Ricardo “N” con presuntas irregularidades en la obtención de contratos mediante la simulación de procesos de licitación.

Investigaciones de NOTICIERO DE VICTORIA han documentado que la SSP invitó a participar en concursos para la adquisición de antenas inalámbricas de internet satelital a tres empresas, de las cuales Casa Casve MX SA de CV y Grupo ID REC, están relacionadas entre sí y operadas por el mismo empresario.

Ambas compañías comparten vínculos administrativos y notariales, además de tener como accionistas a personas cercanas.

En uno de los concursos revisados, Casa Casve MX presentó una propuesta por 4.9 millones de pesos, mientras que Grupo ID REC ofertó 4.2 millones, resultando esta última adjudicada.

Casa Casve MX, creada en 2020, ha recibido contratos por más de 350 millones de pesos de la SSP y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), mientras que Grupo ID REC, constituida en septiembre de 2022, ha obtenido al menos 14.6 millones de pesos en contratos relacionados con servicios de seguridad informática y conectividad satelital.

De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, los contratos a estas empresas se han incrementado durante la actual administración estatal, bajo esquemas de adjudicación directa e invitaciones restringidas.

El Código Penal de Tamaulipas establece que la simulación de actos jurídicos y la colusión en procesos de contratación pueden constituir delito de fraude.

El artículo 418 señala que quien simule un contrato con el fin de obtener un beneficio indebido puede ser sancionado hasta con 12 años de prisión.