Darían impunidad a funcionarios que por “error” pagaron $4 millones

Por Shalma Castillo

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Los funcionarios públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas (SESESP) responsables del pago por “error” de casi 4 millones de pesos a un proveedor que no correspondía, podrían quedarse sin recibir las sanciones que ameritan, dado que la Contraloría Gubernamental establece un período de 3 a 7 años de investigación del caso.

A poco más de un mes que concluya la Administración estatal, los funcionarios públicos que depositaron 3 millones 337 mil pesos a la cuenta de la compañía “Asociación Sandalfon”, podrían terminar su encomienda de trabajo el 30 de septiembre, dejando el cargo sin haber cumplido con el procedimiento de sanción administrativa por cometer dicha acción.

Al no obtener resultados de la investigación del expediente AI-SGG/071/2022, la autoridad investigadora del Órgano Interno de Control no ha logrado definir si se trata de un servidor o servidores públicos de base o de confianza, tampoco el nivel del cargo que ocupa, además, se desconoce el estado del recurso, si es que éste fue reintegrado.

“En efecto el expediente de investigación administrativa número AI-SGG/071/2022 fue iniciado ante esta autoridad, y que se encuentra en etapa de integración de la investigación sin que a la fecha se haya dictado un acuerdo que determine la calificación de una falta administrativa y por ende la identificación de presuntos responsables”, informó mediante un oficio vía transparencia, Alma Edith Ramírez Izaguirre, titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría General de Gobierno.

Sobre este caso, dicha autoridad estatal informó que los expedientes de procedimientos Adminsitrativos de los funcionarios públicos cuentan con un plazo establecido para que se lleven a cabo las investigaciones necesarias antes de su prescripción de 3 a 7 años, y que toda vez a la fecha no se cuenta con una calificación de falta grave o no grave.

Ante este procedimiento, la información del expediente número AI-SGG/071/2022 fue reservada por 5 años, con el argumento de no entorpecer el procedimiento iniciado por la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.

“La información debe ser reservada, en la tesitura de que ésta forma parte de un procedimiento administrativo que se tramita ante una autoridad de este Organo Interno de Control, que se encuentra en integración para en su caso ser instaurado a servidores públicos en forma de juicio, el cual no ha sido resuelto, ni se ha dictado sentencia, y mucho menos ha causado estado”.

Lo anterior se derivó como consecuencia de la auditoría de cumplimiento número 1773, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Gobierno de Tamaulipas, sobre las participaciones Federales a Entidades Federativas 2021.