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Empresa “asesora” de Cabeza de Vaca exige pagos a Sonora; Tribunal encuentra inconsistencias
Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una empresa vinculada a la red de asesorías millonarias contratadas durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ahora reclama pagos al estado de Sonora, pese a que en Tamaulipas acumuló contratos por servicios sin evidencia pública de ejecución.
Se trata de Pilo Servicios Integrales S.A. de C.V, una de las firmas señaladas en la trama de “asesorías financieras, fiscales y de capacitación”, que durante la administración cabecista recibió adjudicaciones por montos millonarios mientras el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) era dejado sin aportaciones patronales, lo que hoy pone en riesgo el fondo de pensiones de miles de trabajadores estatales.
Documentos judiciales a los que accedió NOTICIERO DE VICTORIA muestran que la empresa mantiene un juicio en Sonora para exigir el pago de convenios derivados de contratos de prestación de servicios.
La misma historia, otro estado: contratos opacos, servicios sin comprobar y litigios para asegurar cobros públicos, mientras las finanzas estatales cargan con las consecuencias.
El caso llegó a tribunales federales, donde recientemente se determinó que dichos contratos no eran administrativos, sino de naturaleza civil, lo que obligará a la compañía a continuar su reclamo en otra vía legal.
La resolución judicial coincide con los señalamientos que revelan el modus operandi de este tipo de firmas: contratos millonarios, adjudicación directa, ausencia de licitaciones y nulos resultados verificables.
Como se documentó previamente, las empresas Bureau de Política Pública S.C., Pilo Servicios Integrales S.A. de C.V. y Nopimf S.A. de C.V. concentraron más de 408 millones de pesos en asesorías pagadas por el gobierno de Cabeza de Vaca entre 2017 y 2021.
Ninguna cuenta con evidencia pública de haber realizado los servicios, y varias ni siquiera pueden ser localizadas en sus domicilios fiscales.
Mientras ese flujo de recursos se repartía entre despachos privados, el IPSSET quedó en números rojos y con solvencia sólo hasta 2028, debido a la falta de aportaciones gubernamentales.
Hoy existen procedimientos administrativos y denuncias penales por ese desvío sistemático.
La empresa que ahora reclama pagos a Sonora formó parte de esa red.
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