ASE reduce plazos para detectar corrupción
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha reducido los tiempos para fiscalizar las cuentas de alcaldes, secretarios y Comapas para detectar posibles actos se corrupción.
El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, destacó que los tiempos de revisión y búsqueda de sanciones se han acortado significativamente en comparación con el pasado, logrando cerrar los procesos de fiscalización de manera mucho más eficiente.
“Cuando tomaste posesión como auditor superior del Estado, Paco, pues aquí te comprometiste a hacer un trabajo eficiente, honesto y. las auditorías que estuvieran no dentro de 7 años y no dentro de 10 años cuando ya incluso los, este, ya prescribieron los delitos (…); y aquí estamos otra vez”.
Ante los cuestionamientos sobre la vigencia de las revisiones, el auditor explicó que la ley marca un proceso estructurado que se cumple con rigor.
Sin embargo, se ha logrado agilizar el cierre de los ciclos de revisión para dar resultados expeditos a la sociedad.
En ma Cuenta Pública 2023, su proceso completo de fiscalización y última instancia se agotó en octubre de 2025.
Para la Cuenta Pública 2024, su etapa de revisión concluyó el último día de octubre de 2026.
Aunque la cuenta 2025 presenta avances parciales y la 2026 apenas se está construyendo, el margen de impunidad temporal se ha reducido drásticamente frente a los plazos prolongados de años anteriores.
Para transparentar el impacto de estas auditorías, el titular de la ASE detalló la magnitud de los recursos revisados y cómo se dividen las observaciones en la cuenta pública de referencia, partiendo de una base superior a los 13,600 millones de pesos.
Más de ocho mil 400 millones de pesos concentrados en la promoción de responsabilidades administrativas, que consisten en debilidades de control interno, malos procedimientos o faltas operativas que, de repetirse, podrían escalar a un quebranto.
Más de custro mil 900 millones de pesos ubicados en pliegos de observaciones, los cuales representan los casos de presuntos daños al erario o quebrantos patrimoniales que exigen mayor atención.
El auditor subrayó que este esfuerzo no busca una persecución política, sino educar a la sociedad en la comprensión de los números y garantizar que las instituciones actúen con total transparencia.
“Quienes ejercieron estos recursos antes de que opinen públicamente acerca de que puede ser una persecución política… voltéense a platicar con sus administrativos, con sus órganos internos de control y pregúnteles primero a ellos: ¿Son esos nuestros números?”
