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YAC usa a AMLO y Cabeza de Vaca para librar la cárcel
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La defensa de la exsecretaria de Bienestar, YAC, intentó evitar su vinculación a proceso al argumentar que los contratos para la adquisición de despensas durante 2021 y 2022 se realizaron bajo el amparo de decretos emitidos durante la pandemia por COVID-19, tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante la audiencia, la defensa solicitó que se le excluyera del delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, al sostener que los cuatro contratos observados se celebraron en la emergencia sanitaria.
Expuso que el 27 de marzo de 2020 el gobierno federal emitió un decreto que permitía a las entidades federativas realizar contrataciones con mayor flexibilidad para hacer frente a la contingencia.
Idicó que ese año el entonces gobernador de Tamaulipas publicó un acuerdo para reconocer una situación de necesidad excepcional, lo que permitía celebrar contratos sin licitación pública con el objetivo de agilizar los procesos administrativos.
La defensa añadió que ambos decretos se encontraban vigentes al momento de la firma de los contratos, ya que sus efectos se extendieron hasta mayo y julio de 2023, respectivamente, por lo que consideró que las adjudicaciones directas estaban justificadas bajo ese marco legal.
Sin embargo, la jueza de control Gloria Paloma Gómez de la Cruz determinó que, aunque durante la pandemia se permitieron excepciones en los procesos de contratación, la defensa no logró acreditar que dichos decretos hubieran sido utilizados como fundamento en los dictámenes de requisición de las despensas.
Señaló que en los documentos del Comité de Compras de la Secretaría de Bienestar, encabezado por la entonces funcionaria, no se argumentó que las adjudicaciones directas se sustentaran en esos instrumentos legales, por lo que el planteamiento fue desestimado.
“No se señaló en el apartado o en los oficios que haya sido con esas formalidades. No se realizó y se sobrepasó el presupuesto fiscal”, detalló la jueza.
Asimismo, estableció que los procedimientos debieron apegarse a los lineamientos del Presupuesto de Egresos de 2021 y 2022, los cuales fijaban límites de 1 a 800 mil pesos en 2021 y de 15 mil a 800 mil pesos en 2022.
Por lo anterior, la jueza resolvió vincular a proceso a YAC por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones, al considerar que existen elementos suficientes para presumir su participación en la celebración de los contratos por un monto cercano a los 985 millones de pesos.
En su resolución, la juzgadora también fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción deberá robustecer las indagatorias y determinar el posible daño patrimonial.
Cabe señalar que la exfuncionaria enfrentará el proceso en libertad, al contar con un amparo vigente que impide su detención dentro de esta causa penal, además de otras medidas judiciales que restringen la difusión de sus datos personales.
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