By 
No hay persecución contra YAC: Anticorrupción
Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El fiscal anticorrupción de Tamaulipas Andrés Norberto García Repper Favila, negó que haya persecución política contra la exsecretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, YAC.
Señaló que el expediente obedece a la presunta comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por contratos para la adquisición de despensas por mil millones de pesos.
El fiscal sostuvo que, aunque las siete suspensiones de la audiencia inicial puedan generar la percepción de retraso, se trata de derechos procesales que deben respetarse para evitar que el caso se vea comprometido en etapas posteriores.
“Los jueces tienen que garantizar su derecho al debido proceso, está oponiendo excusas, primero fueron unas excusas médicas que se tramitaron y ahora al parecer tiene que ver con un cambio de asesor jurídico, entonces el juez está obligado a darle este tiempo a su defensa para que se ponga en las carpetas”, explicó.
Añadió que el respeto a estas garantías es fundamental para evitar señalamientos sobre posibles irregularidades por parte de la autoridad, y tumbar el señalamiento de persecución política.
“Parece que se retrasa, pero al final no son sus derechos procesales y el juez tiene que garantizar el debido proceso, siempre es importante garantizar el debido proceso para que después no vayan a decir que las autoridades están actuando y violando derechos”.
La postura de la Fiscalía se da luego de que la exfuncionaria lograra, por sexta ocasión, diferir la audiencia inicial dentro de la carpeta CP/0733/2025.
Durante la más reciente audiencia, que se prolongó por casi dos horas, YAC acudió de forma presencial ante la jueza Gloria Paloma Gómez de la Cruz acompañada de un nuevo abogado, Antonio Amaro Chacón.
Bajo este argumento, solicitó el aplazamiento al señalar que su defensa no contaba con el tiempo suficiente para revisar el expediente, integrado por 11 tomos y más de siete mil fojas.
La Fiscalía se opuso al diferimiento y advirtió que los cambios constantes en la defensa forman parte de una estrategia para retrasar el proceso, además de señalar que permitirlo implica reiniciar la revisión del expediente y prolongar un caso que permanece abierto desde el año pasado.
Cuestionado sobre la posibilidad de asignarle un defensor de oficio, García Repper Favila indicó que esa decisión corresponde exclusivamente al juez.
“Si ya no tiene otro, le van a poner, yo no sé, yo soy el fiscal, yo no soy el juez”, respondió.
Por su parte, la imputada ha manifestado que el proceso podría estar influido por presiones políticas y ha acusado a la Fiscalía de intentar acelerar el caso en el contexto del proceso electoral, además de denunciar presuntas irregularidades en la integración de la carpeta.
Comments