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*Anticorrupción clasifica hasta el 2031 el cochinero de Dora “N”*
-Con posibilidad de extenderse hasta el 2036.
Por Héctor Sandoval
X: @hectorsandoval0
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reservó hasta el 2031 los expedientes de investigación de presuntos actos de corrupción de la exdirectora de Recursos Materiales de Salud, Dora Oralia “N” por entregar un contrato por 309 millones de pesos a la empresa Maniflosa SA de CV.
Documentos a los que tuvo acceso NOTICIERO DE VICTORIA establecen que uno de los argumentos de la SABG es que no se pueden hacer públicos los expedientes porque sigue en curso la investigación en el expediente de presunta responsabilidad administrativa.
Y adelantan que la reserva de los expedientes se pueden extender hasta los diez años, para que se puedan hacer públicos hasta el 2036, pese a que existen denuncias penales en la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y coalición de servidores público.
“El Comité de Transparencia de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno resuelve la Reserva de Información (…) es procedente considerarla como reserva la citada información por un periodo de cinco años, en el entendido la misma podrá ser desclasificada y por lo tanto pública, cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación”, resuelve el expediente.
La solicitud de reserva fue solicitada por el director de Investigación y Anticorrupción, Luis Osvaldo Soberón Mejía, y de la directora Jurídica y de Transparencia, Grecia Carolina Vera Saldaña.
Cabe recordar que Dora “N” firmó en diciembre del 2024 un contrato con la empresa Maniflosa SA de CV para la adquisición de equipo médico, y sin recibir el equipo liberó 200 millones.
La Secretaría de Anticorrupción confirmó la existencia de la investigación y respondió que la información fue turnada a las áreas correspondientes, entre ellas la Dirección de Investigación y la Dirección General de Control, Auditoría y Responsabilidades, encargadas de integrar el expediente.
Sin embargo, el acceso a los detalles del caso permanece restringido, bajo argumentos legales previstos en la Ley de Transparencia estatal , una práctica común cuando se busca ocultar información bajo el argumento de que existen procedimientos administrativos o posibles responsabilidades en curso.
El documento también deja en claro que las autoridades pueden determinar la “clasificación o ampliación de plazo” por hasta una década, bajo el argumento de que se debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el respeto a la honra y al reconocimiento de su dignidad.
Asimismo, se le niega el acceso a la información a los interesados porque primero se deben acreditar como asesores jurídicos, o defensas de la exdirectora de Recursos Materiales.
Aunque oficialmente no se han dado a conocer sanciones ni responsables, se confirma la investigación oficial en contra de la exfuncionaria.
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