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C. de Vaca destinó 600 mdp a dos proveedores por asesorías y capacitaciones
Por Héctor Sandoval
Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Durante la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobierno estatal adjudicó cerca de 600 millones de pesos del erario tan solo a dos proveedores para “asesorias, capacitacion y servicios de consejería”
De acuerdo con información obtenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), uno de los principales contratos fue otorgado a la empresa Asesores Mi Casa de Victoria S.A. de C.V., que entre 2017 y 2019 recibió 329 millones 767 mil 342 pesos con 55 centavos por supuestos “servicios de asesoría”.
En tanto, la firma Veritas Fiscalis S.C., con domicilio en Monterrey, facturó en un solo contrato 188 millones 164 mil 310 pesos con 55 centavos entre 2021 y 2022 bajo el mismo concepto de “capacitación y asesorías”.
Aun con los montos millonarios, ambos proveedores presentan dudas en su existencia operativa, pues durante una revisión en buscadores de internet no arrojó antecedentes de adjudicaciones adicionales ni actividades comerciales fuera del gobierno de Cabeza de Vaca.
De igual manera, los domicilios fiscales señalados en los contratos resultaron ilocalizables.
Ni Asesores Mi Casa, ni Veritas Fiscalis aparecen con registros activos en plataformas comerciales y tampoco se detectaron referencias sobre operaciones previas con otras instancias públicas o privadas.
Los documentos revisados también incluyen los nombres de funcionarios de la administración cabecista que autorizaron las adjudicaciones, como Miguel Ángel Villarreal Ongay, exsecretario de Administración que promovió diversos amparos contra una orden de aprehensión, luego que la actual administración estatal ha promovido diversas denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Estos hechos abre la posibilidad de que estas contrataciones formen parte de las indagatorias que mantiene en curso la FECC, con las que busca llevar a proceso y a prisión a funcionarios implicados en presuntos actos de corrupción.
La magnitud de los recursos adjudicados, la limitada información pública sobre las empresas y la imposibilidad de ubicar físicamente sus oficinas entran dentro del supuesto que marca el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas que simulan operaciones.
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