Gobiernos no transparentan Deuda Covid-19

Deuda pública en tiempos de COVID-19

El Mecanismo de Seguimiento a planes, fondos, programas y acciones en el marco de COVID-19, conocido como #SusanaVigilancia, se concentró en la deuda pública que estados y Federación han adquirido en el contexto de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos.

Los organismos de la sociedad civil Transparencia Mexicana y Tojil identificaron que los gobiernos no están informando clara y oportunamente a la ciudadanía sobre la deuda adquirida en el marco de la pandemia que está dirigida a enfrentar la emergencia o a mitigar sus efectos económicos y sociales.

Los estados informan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o en algunos casos a través de las secretarías de finanzas, pero no dejan claro qué parte de la deuda será invertido en la emergencia o la reactivación económica. Sólo Guanajuato y Jalisco informan en sus micrositios COVID-19 sobre la deuda que han contratado para sortear los efectos de la pandemia y sus consecuencias económicas.

De acuerdo con el registro de deuda de la SHCP, el Gobierno Federal y 11 estados contrataron deuda pública durante el primer semestre del año 2020. En el periodo que coincide con la crisis sanitaria, el conjunto de estados y la Federación contrajeron en conjunto deuda pública estimada en más de 140 mil millones de pesos ($146, 522, 265, 476).

La información que presenta el registro de deuda de la SHCP no coincide en todos los casos con la información que presentan los gobiernos estatales en sus sitios oficiales. 23 estados y la Federación incluyen información en sus sitios web oficiales sobre deuda actualizada al menos al primer trimestre de 2020. Chiapas, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz no incluyen en sus sitios web ––página oficial de gobierno del estado o página de la Secretaría de Finanzas–– información actualizada al 2020 sobre la deuda pública que han contratado.

A diferencia de los recursos presupuestarios, la deuda supone obligaciones para varias generaciones de mexicanas. Informar a la ciudadanía sobre los compromisos adquiridos por sus gobiernos es esencial. Si bien las entidades y el gobierno presentan los informes financieros actualizados, conforme a su obligación de ley, la información no es presentada en lenguaje ciudadano o en formatos que sean accesibles para la mayoría de la población.

 

Transparentar datos financieros y de deuda a la ciudadanía

Transparencia Mexicana y Tojil señalaron que es necesario que los gobiernos de todas las entidades publiquen en sus micrositios COVID-19 la deuda adquirida para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Ello permitirá distinguir el objeto de la deuda y sus principales características: tasas a las que fueron contratados los instrumentos financieros, obligaciones contraídas, pero sobre todo el destino de los recursos. Sin conocer el destino es imposible saber si esos recursos fueron apropiadamente invertidos.

En el contexto COVID-19 y la situación económica que se prevé podría extenderse, se hace indispensable que las autoridades presenten información clara, abierta, transparente y verdadera a la ciudadanía. Para esto, requieren integrar una sección a sus micrositios COVID-19 que permita identificar la evolución de la deuda contratada para atender la emergencia y sus consecuencias.

La información mínima que debe conocer la ciudadanía de manera sencilla y en lenguaje ciudadano es:

  • –– Monto de la deuda
    –– Acreedor
    –– Fecha del contrato y contrato íntegro de la deuda
    –– Proceso y forma de contratación de la deuda
    –– Plazo y condiciones generales de pago, incluyendo tasa de interés
    –– Destino de la deuda: en qué se invertirá el dinero
    –– Seguimiento al ejercicio de los recursos públicos en los que se invertirá
    –– Refinanciamiento en caso de que aplique

Sobre la deuda pública

De acuerdo con el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución, los gobiernos estatales pueden contratar deuda con personas físicas o morales nacionales y en pesos mexicanos. La Ley de Disciplina Financiera requiere que los estados reporten a la SHCP la adquisición de deuda y sus características, la cual se refleja en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente.

De acuerdo con el último reporte de la SHCP, al 30 de junio la deuda neta del sector público se cerró en 12 billones 48.1 mil millones de pesos. La deuda interna ascedió a 7 billones 333 mil millones de pesos, mientras que la externa es de 4 billones, 714 mil millones de pesos.

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