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Chocan “Bronco” e IP por amenazas a empresas

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Nuevo León daría marcha atrás a reactivación

Monterrey.-

Más de mil millones de pesos gastados y 555 muertos después y tras 4 meses de restricciones a ciudadanos y empresas por el Covid-19, el gobierno de Jaime Rodríguez “El Bronco” está en su peor batalla contra la pandemia con el semáforo rojo en “Promedio de casos Nuevos”, “Promedio de defunciones diarias por Covid-19” y “Tasa de Transmisión”.

Esta alerta de “Riesgo Máximo” en tres de los 8 indicadores del semáforo epidemiológico estatal obligan a Nuevo León a detener la reactivación económica y analizar si regresan a la cuarentena inicial del mes de marzo, tras la aparición del primer contagio en el Estado que hoy registra 17 mil 408 casos totales.

 

  • Con un 63 % de ocupación de camas para pacientes Covid en “Riesgo Alto” y un 43 % de camas de terapia intensiva en “Riesgo Intermedio” ocupadas, hoy el gobernador anunció que ante el incremento exponencial de casos y muertes por COVID-19, no se avanzará en la reapertura de más sectores de la actividad económica.

El gobernador advirtió que las empresas o comercios que no cumplan con los protocolos sanitarios serán cerrados y que las empresas, actualmente en reactivación económica, que no contraten transporte privado para sus trabajadores, serán suspendidas y no podrán operar durante la pandemia de covid.

Jaime Rodríguez mencionó que se contratarán 100 inspectores, los cuales realizarán visitas a las empresas esenciales y no esenciales para verificar que se cumpla con este servicio.
“La instrucción que tiene Roberto Russildi (Secretario de Economía) y en coordinación con Noé Chávez (Instituto de Movilidad y Accesibilidad) revisen todas las empresas que tienen la autorización de laborar”, dijo.

“Aquel que no tenga será cerrada la empresa, lo estoy avisando con tiempo. Quedamos en que abrieran si sus trabajadores se movían en transporte privado”, advirtió “El Bronco”.

Sin embargo, la IP reaccionó en protesta.

En un comunicado conjunto, Coparmex, Canaco y Caintra manifestaron el “rechazo a las autoridades estatales por el anuncio de cerrar aquellas empresas que no brinden transporte privado a sus trabajadores”.

  • Dijeron que “la medida que propone el gobierno del estado está fuera del alcance logístico, operativo y financiero de un gran número de PyMEs, que, ante tal situación, se verían en riesgo de cierre y en consecuencia, provocaría la pérdida de más empleos”.
  • Consideraron inviable “el pretender obligar a las empresas a cumplir con algo que es materialmente imposible y sobre todo, tratar de trasladar a las empresas la responsabilidad que tiene el Estado de proporcionar un servicio de transporte público eficiente y seguro a los ciudadanos”.

Destacaron que el transporte público es un derecho garantizado por la Constitución de Nuevo León, que en su Artículo Tercero señala: “Toda persona tiene derecho a la movilidad, a gozar de ciudades sustentables que garanticen una adecuada calidad de vida y acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente. El Estado proveerá lo necesario para garantizar dicho acceso”.
“El estado no puede desentenderse de esta obligación”, dice la IP regia.

“Existe una incongruencia en las cifras presentadas, donde la autoridad señala que el contagio no se presenta en el transporte público, sino en las reuniones que la realiza la población en general; sin embargo, exige a las empresas contar con transporte privado”, expusieron.

Destacamos que el sector empresarial ha respondido decididamente al llamado de la autoridad mediante la implementación de los protocolos sanitarios correspondientes, el apoyo a los trabajadores para evitar los contagios y el pago de impuestos.
Esperamos la misma respuesta del Gobierno del Estado, brindando un transporte público eficiente y de calidad, como ha sucedido en otros países para contener la pandemia y mantener la actividad económica y que el gobierno reconsidere su pretensión de mayores recursos para más inspectores del transporte y dedicarlo a los hospitales, personal de salud y más unidades de transporte público.

“Es una medida improvisada y sin sustento legal, técnico y económico, que busca trasladar a las empresas una responsabilidad inherente al gobierno estatal”, condenaron.

 

 

MARCHA ATRAS SI ESTO SIGUE: BRONCO

El gobernador pidió la colaboración de la sociedad nuevoleonesa para reforzar las medidas para prevenir nuevos contagios de COVID-19 y no verse en la necesidad de dar marcha atrás a la reactivación económica.

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